El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una sentencia en la que anula el acuerdo entre el Ayuntamiento de Lucena y Aquagest para la creación de la empresa mixta Aguas de Lucena constituida en 2007.
 |
| Los concejales de Izquierda Unida explican la decisión del alto tribunal andaluz. (Foto:M.R.) |
El dictamen jurídico da la razón al recurso presentado por Izquierda Unida y la empresa Aguas y Gestión de Servicios Ambientales S.A. contra la gestión mixta ante el alto tribunal andaluz. El concejal de la coalición de izquierda, Miguel Villa, explicó el TSJA ha entendido que en el proceso de constitución de la empresa mixta de aguas “se ha vulnerado de plano el principio de libre concurrencia e igualdad entre empresas que tuvieran el interés de concurrir con el Ayuntamiento para conformar la empresa mixta” y ha añadido que con esta sentencia “hoy por hoy la empresa mixta es ilegal debido a que el ayuntamiento ha elegido a dedo a su socio, y eso es ilegal en democracia”. En cualquier caso tanto el consistorio como Aquagest tienen un plazo de cinco días para presentar un recurso de casación, de lo contrario “la sentencia es firme y por tanto la empresa mixta no existe, es ilegal”, insistió Villa.
Cabe recordar que la gestión del agua se concedió en 1993 cuando gobernaba el PSOE en el Ayuntamiento a la empresa Aquagest por un periodo de 20 años, es decir, hasta 2013. El equipo de gobierno tomó esa decisión, indicó el portavoz de Izquierda Unida, Juan Guerrero, “cegados por un préstmo de 160 millones de pesetas a un alto interés”. Sin embargo en 2004 “debido a que la gestión de la empresa era pésima y los compromisos adquiridos de aumentar el rendimiento de la red” no se cumplían, consideró Guerrero, los cuatro grupos políticos que conformaban la Corporación municipal emprendieron las primeras conversaciones para buscar un cambio de modelo hacia una gestión mixta con participación pública.
El portavoz de Izquierda Unida, Juan Guerrero, recordó que posteriormente los grupos políticos decidieron dejar este debate hasta el próximo mandato corporativo ya que “no era procedente adoptar un acuerdo de este calado al final de la legislatura”. Sin embargo en octubre de 2006 “el PSOE sin previo acuerdo ni consenso decide iniciar la creación de la empresa mixta”, añadió Guerrero, a pesar de que había dos informes contrarios del secretario del Ayuntamiento y otro de la Junta Consultiva de Andalucía. En esta línea Guerrero recordó que el equipo de gobierno para justificar su decisión encargó “a juristas privados un informe a medida que costó 9.000 euros para poder apoyar y limar las posibles responsabilidades que pudieran tener aquellos que apoyaron el convenio para la creación de la empresa mixta”. En esta línea, Miguel Villa, que “la testarudez del antiguo delegado de Obras, Juan Torres, con el apoyo incansable de su amigo el alcalde hizo que se nos impusiera el acuerdo”.
Dicho acuerdo alcanzado con el apoyo en solitario del PSOE provocaba que el Ayuntamiento se hiciera con el 51 por ciento en la participación de la empresa mixta y Aquagest se quedará con el 49 por ciento restante. A cambio el consistorio ampliaba a 20 años más la concesión con la entidad privada que terminaba en 2013, llegando así hasta 2033. Guerrero recordó que el argumento esgrimido por el PSOE en aquella sesión plenaria en la que se defendió la idoneidad de la creación de la empresa mixta se basaba en que “Lucena no podía esperar 7 años a renovar sus redes e infraestructuras hidráulicas”.
Tras aquel acuerdo plenario para la creación de la empresa mixta Izquierda Unida presentó un recurso contra ese convenio ante al Juzgado Número 3 de lo Contencioso-administrativo de Córdoba, que fue desestimado. En segunda instancia presentó un nuevo recurso junto a la empresa Aguas y Gestión de Servicios Ambientales S.A. ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que en sentencia dictada el pasado 26 de abril ha dado la razón a los recurrentes.
Las consecuencias del dictamen del alto tribunal andaluz provocan que Aquagest recupere en solitario la gestión del agua hasta el año 2013 y a partir de ese momento “el Ayuntamiento se encuentra liberado de cualquier compromiso para prestar el servicio de agua”, estimó Guerrero. Además la coalición de izquierdas considera que la sentencia deja abierto el camino a partir de 2013 a una gestión “cien por cien pública” del agua. Y añaden que el dictamen jurídico “pudiera tener responsabilidades económicas para los concejales que votaron a favor del convenio”, aunque matizó que la existencia del informe jurídico “limaría las posibles responsabilidades”.
Para escuchar las declaraciones de los responsables de Izquierda Unida pulsar sobre las imágenes situadas bajo estas líneas.
REPORTAJES
HERMANDADES
